Detenciones arbitrarias y silenciamiento: ¿Qué está pasando en Nicaragua? — Víctor Salazar

Un país con un pasado inestable y turbulento que junto con una cruenta guerra civil de más de diez años que dejaría cientos de miles de fallecidos y desplazados deja como precedente un estado altamente polarizado y divido entre dos vertientes muy apuestas, hablamos de un pequeño país centroamericano de perfil socialista-progresista, un referente para algunas del socialismo latinoamericano en el centro del continente americano, este país es Nicaragua.

Este año como en otros países de la región como el Perú que sale de periodos de campañas electorales y crispación política, nos encontramos el caso de Nicaragua, en vísperas de un proceso electoral trascendental e histórico, pero de una manera un poco más ambigua, ¿qué queremos decir con esto? Claramente serán elecciones que no se podrán olvidar en la historia republicana de este país, pero no por ser un ejemplo de democracia y participación ciudadana para el mundo sino todo lo contrario.

Durante los últimos meses se ha podido evidenciar un recrudecimiento del accionar de las fuerzas del orden, de la policía y de las milicias del estado, al mando del presidente Daniel Ortega, en las que encontramos persecuciones, amenazas y hasta incluso el encarcelamiento arbitrario de al menos unas 20 personas, entre precandidatos presidenciales a presentarse en los próximos comicios electorales, empresarios y civiles opositores, lo que ha marcado el segundo trimestre del año de la joven democracia.

A partir de este punto surge una interrogante muy importante y es la siguiente, ¿por qué encarcelar a todos los candidatos opositores? Esta interrogante las responderemos de una manera simple, mientras menos competencia y candidatos estén presentes en las elecciones el camino quedaría libre para una eventual victoria del partido de gobierno, con poca oposición que pudiese deslegitimar o denunciar los comicios electorales internacionalmente.

El punto de inflexión más importante a analizar en el accionar del partido de gobierno en Nicaragua y el accionar mismo del propio presidente Ortega deja al descubierto el gran temor que existe entre la cúpula que gobierna el país sobre una eventual y estimada para muchos analistas derrota del régimen actual (FSLN) en las elecciones generales.

Faltando poco menos de 5 meses para que se celebren elecciones generales en el país centroamericano, el país aún más divido y polarizado que en las elecciones del 2016, pide cambios económicos, políticos y estructurales al partido de gobierno el Frente Sandinista de Liberación Nacional a la cabeza de uno de sus fundadores y presidente del país, Daniel Ortega, figura conocida de la Revolución Sandinista durante la duración del conflicto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado por su parte públicamente al gobierno de Nicaragua con respecto a las detenciones arbitrarias que se han llevado a cabo contra políticos opositores al partido del gobierno, asegurando que los opositores en Nicaragua pueden y tienen el derecho a hacer política sin temor a las posibles represalias de un gobierno autoritario.

Además estas situaciones no son algo nuevo en el país, hablamos que al menos desde el año 2018 existen cientos de reportes sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país de manera sistemática, especialmente contra personajes políticos de la oposición y sus respectivas familias.

La comisión advierte que unos comicios electorales no pueden llevarse a cabo en un país que encarcela a los candidatos presidenciales opuestos al partido gobernante, ya que cualquier sociedad democrática requiere de una oposición. Una oposición que tenga el derecho a manifestarse contra las políticas o decisiones del estado que no compartan sus ideales u proyecto político, ya que de esta manera se constituyen las democracias modernas, con la participación de todas las partes.

La eventual derrota genera emociones encontradas para muchos, dependiendo donde se pregunte, la población obrero-trabajadora se siente más identificada con un régimen de perfil social que ayude a los menos favorecidos. Mientras que por otro lado encontramos una sociedad nicaragüense mejor preparada y con estudios universitarios que discrepa del discurso de gobierno sobre un enemigo exterior que trata de eliminar los adelantos en materia social y de disminución de la pobreza que ha emprendido el presidente Ortega desde que ostenta la presidencia de la república.

Finalmente está el factor internacional que se ha pronunciado regionalmente a lo sucedido en Nicaragua, pero hasta el momento ningún país de la región o fuera de ella está dispuesto a brindar mayor apoyo o presión política para que se busque una solución a la escalada de violencia y detenciones arbitrarias que se han venido llevando a cabo en todo el país.

Para muchos es decisiva la postura de los países de la región para alcanzar una desescalada de la crisis política en Nicaragua, no obstante, la mayoría de los países de la región no están dispuestos a involucrarse de una manera más profunda en estas disputas que consideran internas.

Por otra parte, la indiferencia de algunos o quizás la poca importancia que se le ha prestado a esta situación podría ser un arma de doble filo a mediano y largo plazo en América latina, ¿Por qué decimos esto?, lo decimos, debido a que si los países de la región y la comunidad internacional no denuncian de manera oportuna la situación que atraviesa el país, estarían aceptando de facto que accionares autoritarios de esta índole se pueden realizar con completa impunidad en la región latinoamericana, esto quiere decir, que otros regímenes poco democráticos y que pretendan mantenerse en el poder a toda costa pueden utilizar y copiar los mecanismos implementados en Nicaragua para asegurar su perpetuidad en el poder.

Referencias bibliográficas:

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