Ignacio García Marín (*)
Más de un mes después de las elecciones generales del 12 de abril, el Perú por fin sabe quién acompañará a Keiko Fujimori (17,18%, Fuerza Popular, extrema derecha) en la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. Tras el lento conteo de actas, el candidato izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú, 12,03%) se impuso al candidato de extrema derecha Rafael López Aliaga (Renovación Popular, 11,9%), separados por apenas 20,210 votos. Dos candidatos más, Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno, centroizquierda) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras, populismo izquierdista) se situaron con el 11,05% y el 10,17% respectivamente. Estos datos evidencian una muy baja concentración del voto presidencial, hecho acompañado por la dificultad de todos los partidos peruanos de ser competitivos a lo largo de todo el país en un mismo proceso electoral.
A este escenario se suma la renuncia del jefe de la ONPE, órgano técnico encargado de celebrar los comicios, pese a que la ley prohíbe dimitir durante un proceso electoral en curso. Las fallas logísticas del día de la votación —numerosas mesas sin instalar a tiempo, varios colegios tuvieron que abrir al día siguiente, cajas de votos aparecidas en programas de televisión— alimentaron las acusaciones de fraude por parte de López Aliaga, quien convocó a la “insurgencia civil” sin aportar prueba alguna y que amenazó con no reconocer los resultados electorales. Estas semanas ha habido también marchas a favor de la repetición electoral.
El poder legislativo agrava el diagnóstico. Los resultados, también publicados recientemente, consolidan a Fuerza Popular como primera fuerza en las dos cámaras, aunque lejos de cualquier mayoría sólida, pues se sitúa en 22 escaños en el Senado y 39 en la Cámara de Diputados, sobre un total de cada cámara de 60 y 130 respectivamente. Le siguen Juntos por el Perú (14 y 31), Partido del Buen Gobierno (7 y 18), Renovación Popular (8 y 16), Partido Cívico Obras (5 y 15) y Ahora Nación (4 y 11). Esta elevada fragmentación legislativa es acompañada de otro patrón común en la historia reciente del país: la desaparición de fuerzas con larga trayectoria institucional, ya que APRA, Alianza para el Progreso, Avanza País y Perú Libre quedarían fuera del nuevo Congreso bicameral.
Esta fragmentación parlamentaria, junto a la volatilidad y la precaria organización de los partidos y sus cuadros, atisba una arquitectura institucional de equilibrios efímeros, donde no sería de extrañar un bloqueo o abierto choque entre poderes, máxime si Keiko no obtiene la presidencia. No obstante, no ha de olvidarse el rasgo “parlamentarizador” del presidencialismo peruano, ya que cuenta con la figura del Presidente del Consejo de Ministros (PCM), figura relativamente comparable a un primer ministro y que debe contar con el apoyo del legislativo y de la presidencia de la república para su ejercicio. No obstante, la práctica seguida desde 2001 ha demostrado que los jefes de Estado han tratado de imponer sus PCM más que consensuarlos con el legislativo, lo que ha derivado en una muy frecuente interrupción de sus mandatos y crisis del gabinete.
En definitiva, el sistema político peruano lleva años produciendo presidentes débiles, congresos hostiles y crisis institucionales cíclicas. Las elecciones de 2026 no parecen romper este patrón, sino que lo reproducen con nuevos actores y un mismo guion. La gran pregunta no es quién ostentará la presidencia, sino si el ganador tendrá capacidad real de gobernar en un sistema diseñado, casi estructuralmente, para el bloqueo mutuo y la inestabilidad del ejecutivo.
(*) Investigador de la línea de Ciencia política y pensamiento político de la IELAT.