La elección del Poder Judicial en México

José Fernando Ayala López (*)

A contracorriente de la ortodoxia democrática mundial, en México se llevaron a cabo comicios para elegir a los impartidores de justicia el pasado 1 de junio. Como resultado de una reforma al Poder Ejecutivo, se mandató en la Constitución que los órganos desconcentrados de la administración dedicados a la observancia, administración y organización electoral (el Instituto Nacional Electoral, INE, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) prepararan un proceso electoral enorme y complejo en menos de seis meses, y que debía servir para renovar miles de cargos entre ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces a nivel federal y a nivel estatal.

Nada más en el nivel federal, el votante en la casilla recibía 6 boletas (en mi caso, recibí 11 puesto que a estas 6 federales se le sumaron las particulares de la entidad federativa en la que vivo) en las cuales había largas listas de candidatos —64 nombres en el caso de la SCJN— agrupados en dos columnas, en donde había que seleccionar, escribiendo el número de candidato correspondiente en recuadros colocados en la parte superior de la boleta, a cinco mujeres y a cuatro hombres. Un procedimiento muy complicado y tardado.

Casi 13 millones de personas, de un padrón total de 99,5, salieron a votar ese día (13% de participación). Un fracaso de convocatoria para algunos o bien todo un éxito según el oficialismo. El punto de vista depende, otra vez, de filias y fobias.

Atendiendo al proceso de votación descrito someramente arriba, cada ciudadano tardaba un mínimo de 20 minutos[1] en marcar todas las boletas que, en un mar de nombres, le obligaba a llegar preparado con una suerte de “acordeón”[2], un elemento que ha resultado polémico puesto que se prestó para que entidades públicas y privadas intentaran direccionar el voto con la expedición y distribución de esta suerte de “guías” de votación que indicaban el número y el nombre del candidato a seleccionar según la boleta correspondiente.

La reforma precipitó una elección apresurada y compleja pero que no salió tan mal como algunos auguraban y esperaban. Desde luego que el voto duro del partido en el poder (MORENA) fue el que se expresó con mayor vehemencia en las urnas, era de esperar debido al tipo de elección y a la campaña que los opositores al gobierno de la autoproclamada 4T (cuarta transformación): empresarios, opciones políticas de derecha e intelectuales puros de izquierda, hicieron para no votar. Demócratas que pidieron públicamente no salir a votar en una elección realizada bajo un sistema formalmente democrático.

En este sentido, cabe recordar que la participación electoral en México presenta históricamente una clara tendencia: un aumento significativo durante las elecciones presidenciales, que actúan como un potente catalizador de la movilización ciudadana, y una notable disminución en las elecciones intermedias para el Congreso. Estas últimas, aunque son ejercicios democráticos frecuentes y su funcionamiento y objetivos son generalmente conocidos por la población, no logran captar la misma atención ni generar el mismo entusiasmo. De hecho, la participación en estas elecciones intermedias puede descender hasta un 45% si no coinciden con la elección del presidente, el cargo que indiscutiblemente genera mayor convocatoria y acaparamiento mediático.

Sin embargo, el bajo nivel de participación observado en las elecciones intermedias palidece en comparación con el que se presentó en la Consulta de Revocación de Mandato de 2022. En ese ejercicio la participación se desplomó drásticamente hasta un 17%. Por tanto, era previsible, incluso creo que hasta inevitable, que en esta elección judicial, dadas las múltiples deficiencias en su diseño, ejecución y la premura con la que se concibió y organizó, la participación callera aún más. Puesto que se instalaron significativamente menos casillas, lo que dificultó el acceso a la votación para una parte considerable de la población. Además, la restricción de recursos del INE, limitó severamente la difusión y promoción del ejercicio, impidiendo que la información llegara de manera efectiva a todos los rincones del país.

Pero quizás el factor más crítico que contribuyó a esta escasa participación fue la complejidad inherente a la elección, como ya mencionamos. Esta consulta exigía al ciudadano un nivel de revisión de candidaturas inmanejable y sin una orientación partidaria clara que facilitara la identificación de los candidatos. En un contexto electoral habitual, las afiliaciones partidarias sirven como un faro para los votantes, simplificando la decisión al alinearse con ideologías o plataformas conocidas. La ausencia de este referente en la elección judicial obligaba a los ciudadanos a realizar una investigación exhaustiva y sin precedentes para comprender las propuestas y trayectorias individuales, una tarea que para el ciudadano promedio resultó ser una carga excesiva y desalentadora.

Una estrategia alternativa y más efectiva habría sido diseñar una elección progresiva, centrando inicialmente este ejercicio en la SCJN. Este enfoque habría permitido un debate más focalizado y profundo en los candidatos a ministros y en el papel fundamental de este órgano judicial en el sistema democrático. Al reducir la complejidad y concentrar la atención en un tema y un conjunto de candidatos más manejables, se habría facilitado la comprensión y el involucramiento ciudadano.

A todos estos factores negativos, se sumó la errática y notoria ausencia de la oposición. La falta de una postura unificada o una campaña activa por parte de los partidos opositores privó a la ciudadanía de un contrapeso discursivo y de una alternativa clara, lo que contribuyó a la apatía y la desmovilización.

La baja participación en la elección judicial del 1 de junio no debe interpretarse como una falta de apoyo a la 4T. La baja participación fue, en cambio, una consecuencia directa de ser una elección de nuevo tipo, inherentemente complicada, y organizada con una premura y una improvisación evidentes (a pesar de los esfuerzos del INE). Exigía un rigor informativo al ciudadano promedio que era prácticamente imposible de lograr, no por desinterés, sino por la abrumadora complejidad y la falta de claridad en los candidatos y los mecanismos de votación. Creer que la reforma es necesaria no se traduce automáticamente en participación sin la presencia de candidatos claros y mecanismos de votación accesibles y comprensibles. Algo que, evidentemente, tendrá que modificarse para mejorar en la próxima elección judicial en 2028.

(*) Historiador y miembro del IELAT.

[1] En las elecciones presidenciales de 2024 votaron más de 60 millones de personas, es decir, una participación del 61%. Si, por ejemplo, a esta elección judicial extraordinaria de 2025 hubiesen acudido a votar la mitad de los participantes de aquella elección (unas treinta millones de personas), como se esperaría en una elección intermedia, el flujo de votantes en una casilla concurrida de tipo urbano, con alta participación ciudadana, hubiera colapsado la elección debido al largo tiempo que se necesitaba para la emisión de tantos votos.

[2] Algo así como lo que coloquialmente se conoce en España como “llevar una chuleta”. En varios Estados la elección de los miembros del Poder judicial se hace por oposición nacional de méritos, sin interferencias políticas. Creo que podrían matizarse estos dos primeros párrafos para indicar que hay distintos sistemas de elección. Si bien es cierto que para acceder a las altas esferas de la judicatura, también en España, es muy importante tener cierta sintonía con algún partido político. Quizá estos párrafos reflejan cómo ha venido siendo el sistema en Norteamérica, pero quizá no sea conveniente generalizar. Se sugiere que el autor valore matizar algunas afirmaciones realizadas en estos párrafos iniciales, que no son extrapolables con carácter general, dada la casuística de cada sistema de elección en las distintas regiones del mundo.