16 de octubre de 2023
Pablo de San Román (*)
Hay un mito a través del cual se entiende que el peso del Estado argentino es similar al de los países avanzados y por lo tanto el problema no está en su “tamaño”, sino en tradiciones que lo limitan y paralizan. Esto es radicalmente falso. El tamaño del Estado es fundamental porque define qué parte del capital producido se queda en la sociedad y qué parte se transfiere. Qué parte se acumula como ahorro y qué parte se redistribuye en servicios y asistencias de fin público, no necesariamente productivas.
El volumen del estado es crucial. No es lo mismo sostener un nivel de empleo público del 35%, como sucede en la Argentina, que un 7% como sucede en Corea del Sur o en Japón. No es lo mismo destinar el 90% del presupuesto al gasto corriente que invertirlo en obras, infraestructura, equipamiento y tecnología.
Liberar remesas del estado significa, además de estimular el ahorro privado, no gastar fondos en estructuras obsoletas o previsiblemente improductivas.
Se ha dicho que la Argentina tiene el mismo nivel de presión fiscal que Noruega y que su estado contrata a la misma cantidad de personas. Esto es técnicamente así. Lo que sucede es que, teniendo un producto bruto similar (480 mil millones de dólares), la Argentina tiene 40 millones de habitantes más. Y por lo tanto muchísimo menos para captar, utilizar y distribuir.
Lo que no ponderamos es la capacidad productiva. Mientras la Argentina reparte lo producido entre 47 millones de personas, Noruega lo hace entre 5,7. Una diferencia de volumen que hace que el producto por persona sea 9 veces mayor en Noruega, que además socializa las regalías petroleras.
Poniendo esto en claro vemos por qué Argentina está paralizada. El producto no alcanza para sostener el funcionamiento del “sistema”. Los 6 millones de personas que trabajan en el sector privado no pueden sostener a los 4 millones que lo hacen en el Estado. Es inviable. Para que tomemos dimensión, mientras el Estado argentino contrata al 35% de la fuerza de trabajo, Estados Unidos, con un producto 42 veces mayor, sólo contrata el 14%.
La Argentina tiene que cambiar su estructura. Liberar recursos, movilizar la inversión y promover el empleo privado. Bajar la dependencia laboral de lo público y dejar que esos recursos promuevan la creación de valor y el fomento del trabajo. No podemos sostener una estructura donde sólo trabaja la mitad de la población activa, y de esa mitad, el 35% lo hace en el Estado. Para ser claros: tenemos una población activa de 21 millones de personas, donde sólo 12 trabajan y 4 (casi la mitad) lo hacen en el gobierno. Es demasiada carga -traducida en una presión fiscal legal que llega al 40%.
Cuando miramos la estructura de los países avanzados no sólo vemos lo que está bien, sino el camino a recorrer. Alemania ha sido un ejemplo de reconversión productiva y su economía es una de las más sólidas del mundo. Gran parte de su población trabaja y el empleo público no llega al 4%. Sólo 2 de 42 millones de trabajadores lo hacen en el Estado.
Otro ejemplo es Canadá: con un mercado laboral de 28 millones de personas, sólo una ínfima parte, menos de 1 millón, integra el servicio público. Argentina, con un mercado laboral menor, cuadruplica esta cantidad -sin considerar que Canadá genera un producto 4 veces superior (1,9 billones de dólares).
El resto son abstracciones. Podemos destinar horas exponiendo nuestra visión del mundo y ofuscarnos en coloquios televisivos. Preguntarnos qué nos pasa. Pero no podremos enfocar lo importante si estamos todo el tiempo detrás de lo urgente. El mundo nos muestra cotidianamente en qué consiste el desarrollo. Cuáles son los equilibrios que permiten ensamblar el crecimiento con la prosperidad. Lo que no podemos hacer es ignorarlos.
(*) Doctor en Ciencia Política. Director del Centro de Estudios de Gobierno de la Universidad Católica Argentina (CEGOB/UCA). Investigador del IELAT – Ciencia Política y Pensamiento. Político.