La violencia y la política. A vueltas con las protestas en EE.UU. y México contra la brutalidad policial — Aitor Díaz-Maroto Isidro y Sergio Manuel Rivera Camacho

Tras la muerte a manos de la policía de Minneapolis del afroamericano George Floyd, las protestas, manifestaciones y disturbios recorrieron todo el territorio de los Estados Unidos. Bajo los lemas “Black Lives Matter” y “I can’t breath” (las últimas palabras de Floyd antes de morir), miles de personas marcharon (y continúan marchando) para pedir cambios contundentes tanto en los cuerpos de policía como en las mentalidades de cierta parte de la sociedad estadounidense. No obstante, si bien son decenas los ejemplos de muestras de rechazo pacíficas ante este asesinato, los medios de comunicación han vendido durante días que Estados Unidos se encontraba al borde de una guerra civil. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se acaba recurriendo a la violencia, saqueos, disturbios, incendios, etc.? ¿Estamos realmente ante un clima pre bélico en el País de la Libertad? Todas estas preguntas y muchas más que pueden surgir ante los estallidos violentos de ciertos sectores sociales a la hora de mostrar su disconformidad sobre tal o cual cosa son el pan nuestro de cada día. Son decenas (por no decir cientos) los ejemplos que, a lo largo de la historia, nos muestran que la violencia es un fenómeno muy presente en las sociedades que han poblado y pueblan este planeta. Y ni qué decir tienen los ejemplos en los que la violencia se ha utilizado de manera política: desde el terrorismo a los disturbios, pasando por guerras y torturas, la violencia con fines políticos está mucho más presente de lo que se piensa. Entonces, ¿por qué escandaliza, impresiona y asusta tanto ver imágenes violentas en manifestaciones o como forma de protesta?

Desde nuestro punto de vista, consideramos que esto se debe, en gran medida, a la separación que constantemente se intenta hacer entre violencia y política. Se ha llegado al extremo de eliminar el aspecto político de ciertas manifestaciones violentas que solamente se pueden entender y combatir si las comprendemos desde un prisma político. Intentar concebir que un grupo terrorista recurre a la violencia porque sí es tan ingenuo como creer que Donald Trump ganó las elecciones de 2016 solamente con fake news. Siento desilusionar, pero no es así. El hecho de que determinadas personas recurran a la violencia (bien física o psicológica, siendo la primera la más notoria) en mayor o menor grado para defender sus preceptos políticos es una realidad existente que no se puede ignorar. Evitar hablar del elefante que está en la habitación no hace que este desaparezca. Hace que no sepamos cómo actuar cuando a este se le crucen los cables y comience a destrozar todo. Es así como, más o menos, las sociedades occidentales han construido su relación con la violencia: el ignorar que es un instrumento que puede que algún colectivo utilice en algún momento para defender tal o cual postura hace que tanto el diagnóstico del problema como las soluciones sean erróneas desde el minuto uno. Considerar que ante un estallido de violencia de mayor o menor grado la mejor respuesta es atajar esa violencia es como querer matar moscas a cañonazos: algún problema que ha generado esa violencia desaparecerá, pero la mayoría seguirán ahí.

Johan Galtung, sociólogo noruego, siempre habló de la existencia de una violencia directa y una violencia estructural (además de un tipo de violencia cultural que complejiza todo mucho más y alargaría la exposición) dentro de todos los conflictos armados. Por un lado, consideraba como violencia directa aquella que ejercía física o psicológicamente en un determinado momento y lugar. En cambio, la estructural, era aquella que subyacía a esa explosión momentánea y que se basaba, por lo general, en toda una suerte de estructuras sociales que no permitían la satisfacción de necesidades consideradas básicas por un determinado grupo social. Esta escuela de comprensión de la violencia concebía que, a su vez, existían dos tipos de paz: negativa y positiva. La primera hacía referencia a la desaparición de la violencia en sí, el final del conflicto armado. La segunda se centraba en una serie de cambios estructurales sociales, políticos, económicos y culturales que produjesen un ataque directo a las causas reales del conflicto.

Traslademos ahora estas categorías a los problemas de los disturbios y la violencia en las manifestaciones. Por un lado tendríamos una violencia directa (los saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía) y una violencia estructural (el problema del racismo y las actuaciones extremadamente violentas de la policía estadounidense). Si para evitar la violencia directa se busca exclusivamente una paz negativa, se acabará cayendo en una escalada entre manifestantes y policías que puede llevar a mayores cotas de violencia. Si, además, esto se adereza con ciertos mensajes desde los poderes públicos que no ayudan precisamente a calmar los ánimos, apaga y vámonos. Sin embargo, considerar que, además de una ausencia de violencia, se deben realizar ciertos cambios sociales, económicos, políticos y culturales que lleven a erradicar la raíza de los problemas que han llevado a la violencia, se podrá asegurar una ausencia de esta a largo plazo, evitándose así un repunte de la violencia tras otro agravio que pueda suceder en el futuro. Hay que tener bien claro que, si no se atajan los problemas que subyacen a un estallido violento y no se acepta que, nos guste o no, la violencia de mayor o menor grado puede ser utilizada en algún momento para hacer reivindicaciones políticas, estos estallidos serán cada vez más frecuentes y radicales. Comprendiendo que la violencia ha estado, está y estará presente en nuestras sociedades durante mucho tiempo, y que está puede la expresión de una serie de reivindicaciones estructurales que evitan el normal desarrollo de ciertos grupos sociales, nos seguirá escandalizando y seguiremos sin comprender por qué determinadas personas en determinados momentos recurren a la violencia para ejercer presión política contra un Estado.

Dicho esto, ha llegado el momento de que comencemos a interpretar la violencia como una forma más de las expresiones políticas que existen (si bien esto no quita que sea una expresión criticable), para después entender la importancia de quitar el foco de su criminalización (no solamente por parte del Estado, sino también por parte de la sociedad que desde su subjetividad se convierte en un juez parcial) y de ponerlo justo en los problemas que provocan esa violencia. Se ha convertido en un problema sistemático la forma en la que se diluyen las exigencias por la promoción y protección de los derechos humanos debido a que se han realizado por vías violentas o “incorrectas” y es momento de recordar que la mayoría estamos del mismo lado.

El dolor que está sufriendo la sociedad de EE. UU. nos obliga a vernos en el espejo, y ese espejo nos refleja el racismo que también hay vivo en muchas partes del mundo y que ahora también están saliendo a las calles. En ese sentido, la muerte de Giovani López en México[1] a manos de las autoridades del Estado hace imposible no empatizar con las protestas en EE. UU. por la muerte de George Floyd; la impunidad, inseguridad y racismo nos interseccionan como sociedades. Mientras en México existe un clima de impunidad sistemática y endémica que permite que sigan produciéndose números alarmantes de desaparecidos y de ejecuciones extrajudiciales por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado[2], en EE. UU. tiene total vigencia la “inmunidad cualificada”[3] desde la década de los 80.

Ser conscientes como sociedad de que ambos casos son irrepetibles, por un lado, y por otro, tener la certeza de que se repetirán a pesar de ello, lleva a una esquizofrenia social que cada vez tiene más clara su sensibilidad ética a la acción. El escenario está cambiando, y ahora ya no continuamos aceptando argumentos que invoquen algo tan insostenible como que “las evidencias de tortura son condiciones preexistentes al arresto” o “se estaba resistiendo al arresto” como justificación de un nuevo asesinato de un ser humano a manos del Estado.

Los hechos resuenan en muchas partes del mundo y están logrando alcanzar la empatía social porque el Estado no conoce una mejor forma para resolver las diferencias con los de abajo que la que se ejecuta a través de la violencia y represión, y con esas formas nos identificamos todos, en particular, en América Latina. Cobra vigencia lo que en su momento advirtió Roxin,

“[…] un Estado debe proteger al individuo no solo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal. Es decir, que el ordenamiento jurídico no solo ha de disponer de métodos y medios adecuados para la prevención del delito, sino también ha de imponer límites el empleo de la potestad punitiva, para que el ciudadano no quede desprotegido y a merced de una intervención arbitraria o excesiva del “Estado Leviatán””[4].

El hecho de que el tema se centre en la violencia como expresión política y en el enjuiciamiento de los policías responsables, hace ver que el problema estructural de la violencia, impunidad y racismo no sólo no se quiere ver, sino que, muchas veces está tan arraigado en el sistema que se normaliza y olvida. Además, resulta obvio que pretender resolver los reclamos de la protesta social[5] comenzando con su criminalización, es tanto como exigirle al poder judicial del Estado que se encargue de una solución que es estrictamente política.

Pensar globalmente, actuar localmente

Es hora de que el tema se centre en las condiciones preexistentes que fueron la causa del acto de autoridad y trabajemos en generar soluciones en donde se apliquen correctamente las medidas preventivas y se garantice el acceso a la justicia para las víctimas, el conocimiento de la verdad y la reparación integral del daño. Es fundamental entender que el hecho de que haya movilización es clave para consolidar la protesta social, pero periférica, es decir, la lucha real tiene que ver con demandas concretas y específicas que la autoridad debe implementar y, si bien es cierto que los movimientos sociales no son los únicos actores responsables, no menos cierto es que les corresponde trabajar en la creación de estrategias para tratar estos temas de una forma nacional e internacionalmente articulada porque si se corrige esto, los niveles de hartazgo social también van a llegar a niveles que no hemos visto todavía.

Es la sensibilidad ética de una sociedad lo que transforma la ley, lo que cambia su Derecho. Es la sociedad la que toca el silbato, y los tribunales cambian, y los legisladores y jueces sacuden la inercia de sus prácticas. – Rita Segato

[1] https://elpais.com/internacional/2020-06-07/la-muerte-de-giovanni-evidencia-los-abusos-sistematicos-de-la-policia-en-mexico.html

[2] Vid. Los desaparecidos de todos. Cifras de horror en México, https://observatorio.ielat.com/index.php/2020/01/14/los-desaparecidos-de-todos-cifras-de-horror-en-mexico-sergio-rivera/

[3] La inmunidad cualificada es una doctrina legal en la ley federal de los EE. UU. que protege a los oficiales del gobierno de ser denunciados por acciones discrecionales realizadas dentro del ejercicio de sus funciones.

[4] Cfr. ROXIN, Claus: Derecho Penal. Parte General. TOMO I Fundamentos, la Estructura de la Teoría del Delito. Trad. Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo, Javier Remesal. CIVITAS, Madrid, 1987, p. 137.

[5] El derecho de protesta está expresamente reconocido por cualquier Estado Constitucional. Implícito en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; en el derecho de reclamo de derechos ante la justicia; en la libertad de opinión y de expresión; y en la libertad de reunión y de asociación pacífica.

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