La protesta de los agricultores y ganaderos ha llegado para afianzarse en España. El agro protesta contra unos precios que apenas les permiten subsistir y unas políticas de la PAC que los asfixian y acarrean una distribución de las subvenciones poco equitativa.
Ante estos precios que asfixian a los agricultores y ganaderos, la reacción más espontánea sería creer que un aumento de éstos contribuiría a facilitar un mayor margen para los productores. Nada más lejos de la realidad. Durante las últimas décadas, en aquellos momentos en los que se han producido subidas significativas en los precios de los alimentos, éstos no han supuesto un alivio para agricultores y ganaderos, sino que simplemente han servido para engordar los ingresos de las empresas que funcionan como intermediarias entre los productores y los consumidores. Pareciera entonces que el sector primario español se encuentra, ante un callejón sin salida. Sin embargo, reducir esta problemática a un fenómeno netamente español, o incluso europeo, sería un error. Por el contrario, se trata de un problema intrínseco a un sistema económico que deja al productor desprotegido y que afecta a agricultores y ganaderos de forma semejante, independientemente de su nacionalidad.
En este sentido América Latina – tremendamente subordinada a la voluntad estadounidense – supone un ejemplo paradigmático de como las políticas de libre mercado afectan al campo. En el sector arrocero colombiano, por ejemplo, solamente en cinco de los últimos veintitrés años el margen promedio de los productores ha resultado positivo. En las demás campañas, los arroceros reportaron números rojos. Estas sistémicas pérdidas en el sector alcanzan los 200 millones de dólares, lo que se traduce en una deuda media de unos 12.150 dólares por productor. Y aunque esta cifra no parezca remarcable comparada con los niveles de endeudamiento en otros países, conviene recordar que equivale a unos 47 salarios mínimos actuales en Colombia. Al otro lado de la balanza se encuentran los intermediarios. Durante el mismo periodo, los intermediarios han más que triplicado sus ingresos, llegando a un pico de casi 1.500 millones de dólares en 2016. Estos datos no hacen más que reforzar los reclamos de los productores que ven como su beneficio representa una ínfima parte del precio al que compra el consumidor. A modo de ejemplo, en los cultivos de secano de arroz el ingreso medio de los intermediarios ronda el 63% del precio final. Del porcentaje restante, el 36% corresponde a los gastos de producción para el agricultor y, tan solo, el 1% representaría su beneficio. En el caso de la producción por regadío, los márgenes son incluso más bajos para los arroceros (Fedearroz, 2019).
Durante estos días también se ha iniciado una campaña mediática por la que se intentaba relacionar la subida del salario mínimo interprofesional con la crisis de agro. Esta hipótesis parece poco creíble, en primer lugar, porque resulta complicado que una ley que entró en efecto hace apenas unas semanas haya podido tener un efecto económico tan inmediato como para poner en pie a miles de agricultores y ganaderos. En segundo lugar, y tomando una visión más global, el salario de los jornaleros nunca ha estado en el eje central de las protestas de agricultores y ganaderos. De hecho, las protestas siempre se han centrado en las grandes políticas que establece a través de entramados transnacionales. Tomando nuevamente el caso del arroz en Colombia como ejemplo, un desglose los costos de producción muestra como, en promedio, el porcentaje destinado a la compra de protección al cultivo (herbicidas, pesticidas) y fertilizantes [35%] es mayor que el destinado a la recolección (salario de los jornaleros) y transporte [16%]. La diferencia es incluso superior si se añade el arriendo de la tierra [15%] y la preparación y siembra [19%] – fuertemente influida por los precios de las semillas, controlados por las mismas empresas. Esto se entiende en un marco en el que la producción y comercialización de productos agroquímicos está controlada de forma oligopólica por un puñado de empresas multinacionales. Además, el país andino presenta una de los índices de concentración de la tierra más altos del mundo, acaparando una élite de terratenientes enormes cantidades de terreno (Fedearroz, 2019).
Por otra parte, los mayores costes no han supuesto un mayor rendimiento en las cosechas. Un rastreo desde 1996 hasta 2018 de los costes de producción y el rendimiento del cultivo permite apreciar como pese a que los costes prácticamente se cuadruplicaron, el rendimiento se ha mantenido prácticamente estable. Asimismo, durante la misma etapa, una comparativa de los costes con el IPC, permite ver como los costes de producción por regadío crecen a un ritmo más acelerado que el IPC, mientras que los costos de producción por secano oscilan en la misma línea que el IPC, con momentáneos pero consistentes picos por encima. En definitiva, los ataques a los trabajadores del campo no parecen responder a más que a un intento de estas élites a conservar su posición dominante (Fedearroz, 2019).
En última instancia el escenario descrito deja entrever que existe un grave problema al dejar al albedrío del libre mercado una de las necesidades más básica para el ser humano: la comida. Y es que la crisis de los agricultores y ganaderos muestra, solamente, una de las caras de la misma moneda. Debemos pues, entender el sistema de alimentación de forma global. La obesidad y hambre no reflejan una simple distribución azarosa en el mundo, sino que son causa y consecuencia de un mismo modelo. Un modelo ricardiano de “especialización” por el que a cada país se le atribuye (los países más poderosos imponen a los más pobres) un cultivo concreto. A modo de ejemplo, en países del mundo donde todavía se reportan importantes índices de hambruna como Colombia se dedican ingentes cantidades de terreno fértil a cultivar productos que en nada contribuyen a paliar el hambre tales como el café o las flores. Incluso aquellos países con una enorme producción de soja, o maíz a menudo exportan estos productos con la finalidad de ser convertidos en biocombustibles. En otras palabras, los motores de los países occidentales se mueven gracias al hambre de otros países. Los ínfimos precios que se pagan por los productos exportados nunca serán suficientes para cubrir las importaciones del resto de productos que son necesarios en el día a día de la gente. No es baladí además que un gran número de las empresas intermediarias en los países sub-industrializados son subsidiarias de empresas multinacionales que no hacen más que favorecer intereses extranjeros y/o de élites locales pero no el de las capas más vulnerables de la población local.
Esta especialización ha desencadenado, además, en una estandarización que hace que cada vez se coman alimentos menos diversos y nutricionalmente más pobres. El modelo occidental de consumismo desbocado hace que exista una enorme demanda por alimentos baratos y de pésima calidad que, naturalmente, se corresponde con una oferta por parte de empresas (multinacionales) que intentan reducir al mínimo sus costes sin tener en cuenta las consecuencias de este modelo. De este modo, llegamos a una situación en la que, por una parte, los productores son testigos de como se contaminan sus ecosistemas, se exprimen los minerales de la tierra por precios que apenas les permiten sobrevivir, mientras que los consumidores ingieren productos con químicos altamente nocivos para la salud y un pésimo valor nutricional que contribuye a los altos niveles de obesidad.
Insistir en ver la crisis del agro como un problema de competitividad de los salarios es un salto al vacío que pone en un enrome riesgo el bienestar económico y social de los trabajadores del campo. Esta race to the bottom es además una lucha estéril pues nunca se podrá (ni se debe) competir con los sueldos de países del sudeste asiático, África, o América Latina, además de ser esto contraproducente para acabar con los índices de pobreza tan extremos que sufren estas zonas del planeta.
Pero, ¿cómo es posible que la especialización y los paquetes tecnológicos/científicos que durante décadas se han promocionado como aquellos que acabarían con el hambre en el mundo no sean tal?
Aunque a priori el sistema de libre mercado parezca sólido y robusto se sustenta plenamente en la necesidad de establecer decisiones que proporcionen una certeza absoluta de que dicha decisión es la más razonable (económicamente hablando). La ciencia se utiliza como el mecanismo capaz de generar dicha certeza. No es casualidad que la revolución industrial y la revolución científica fueran coetáneas. Con la insignia de la ciencia/tecnología a la vanguardia se ha hecho creer que las prácticas de monocultivo, el uso de herbicidas, pesticidas, fertilizantes químicos, etc. era la solución para erradicar el hambre en el mundo. En este proceso no ha habido reparo en contaminar ecosistemas, modificar hábitos dietarios, técnicas de cultivos… Esta ciencia ha dejado de lado factores no cuantificables como los valores o las tradiciones y se ha centrado exclusivamente en el rendimiento de un producto en concreto sin tener en cuenta el impacto, de forma holística, en la comunidad afectada.
Si se desea salir de esta espiral de pobreza, contaminación, desigualdad, riesgos para la salud, etc. se debe empezar a mirar hacia modelos agrícolas y de relación entre personas que no sean igual de agresivos que el actual. Es hora de la agroecología y la soberanía alimentaria.
Bibliografía
Fedearroz. (2019). Fedearroz: Federación Nacional de Arroceros. Retrieved from Estadísticas Arroceras: Series Históricas: http://www.fedearroz.com.co/new/index.php#