Después de un largo período de gestación, iniciado en 1999, precisamente después de 20 años[1], el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea (UE) fue finalmente celebrado y divulgado por las partes el 28 de junio de este año. Cuando se considera la importancia de dicha alianza para la liberalización comercial pretendida en los dos continentes, vale recordar que su entrada en vigor todavía depende de la ratificación por cada uno de los 32 países que integran ambos bloques[2], lo que confiere un sesgo político al tema, puesto que el texto final deberá ser analizado por el parlamento de cada país integrante de la UE[3], así como del Parlamento Europeo. El acuerdo propone reducir los aranceles de importación de los productos industriales y agropecuarios entre los Estados de Mercosur y UE, ya sea de forma gradual o inmediata. En este sentido, es conveniente evaluar los puntos fuertes y débiles de la recién concluida negociación, en una tentativa de comprender las perspectivas reales que se abren desde la óptica sudamericana.
En términos de producción, según datos del Ministerio de las Relaciones Exteriores, la exención tarifaria basada en cuotas anuales de importación afectará productos como azúcar, aguardiente, etanol, maíz, arroz, entre otros; en el caso de las importaciones europeas, queso, leche en polvo, y fórmula láctea infantil, en el caso de las importaciones suramericanas. Las propuestas de reducción se dividen en cestas de reducción arancelaria, es decir, en períodos que indican en cuantos años los aranceles serán reducidos a cero, que serán implementadas en el máximo de 10 años para el Mercosur y 15 años para la Unión. Además, en el escenario suramericano se ha creado un espacio de choque entre los que están a favor y los contrarios al acuerdo. Los primeros advierten que habrá ganancias en medio y largo plazo debido, principalmente, a la obligación intrínseca de mejorar la eficiencia productiva para garantizar la competencia con el mercado europeo. Los contrarios, entienden que la gran dificultad se dará justo en los altos costos de los ajustes para hacer la producción susceptible a la competencia. A pesar de las divergentes opiniones, la realidad es que hay distinciones importantes en las capacidades de exportación de dichos bloques, en vista de que el suramericano cuenta con una matriz exportadora mayoritariamente agrícola y basada en commodities, mientras que el europeo cuenta con productos de mayor agregado, como maquinarias e ítems tecnológicos.
Las visiones divergentes sobre los beneficios que el acuerdo puede traer para los países del bloque suramericano caminan en dos sentidos, en razón de que para los intereses del sector de la agricultura el nuevo acuerdo apunta caminos de crecimiento exponencial de exportación, lo que pesa positivamente para países como Brasil y Argentina, los cuales tienen el sector agrícola como principal herramienta de inserción en el comercio internacional. Por otro lado, el sector de la industria se ve amenazado por el atrofiamiento, pues los países de Mercosur cuentan con una capacidad industrial reducida, cuando se compara con la de los países de UE, factor que tiende a permitir que el comercio suramericano sea inundado de bienes europeos de mejor calidad y puede hasta generar pérdidas en el mercado interno, en lugar de la tan estimada competencia. El argumento de que el consumidor se beneficiaría por tener más variedad de productos pierde fuerza frente a este escenario, pues es posible considerar una pérdida del desarrollo tecnológico, ya que difícilmente los productos industrializados suramericanos tendrán condiciones de competir con los europeos, tanto en precio, como en calidad. Más allá de eso, las industrias de Mercosur enfrentan dificultades sustanciales en exportar bienes hasta en los Estados geográficamente cercanos, lo que refuerza la problemática del acceso al mercado europeo.
Ahora bien, retomando la clave referida a que el acuerdo aún necesita de la ratificación de todos los países que componen ambos bloques, es relevante analizar las relaciones que permean directamente la construcción del intercambio comercial, cuya variedad de temas y posicionamientos dificulta la posibilidad de consenso. En tal sentido, las áreas de derechos humanos y medio ambiente han significado importantes puntos de inflexión[4], principalmente al considerar la frágil relación entre dos países decisivos económicamente para los bloques. Los recientes desencuentros entre Brasil y Francia, en la figura de los presidentes Jair Bolsonaro y Emmanuel Macron, respectivamente, han pesado de forma negativa para la continuación de las negociaciones, que tienen riesgo de no evolucionar positivamente en el caso de que no exista ratificación de más de la mitad de los Estados, los cuales pueden tener sus posicionamientos influenciados por dicha tensión diplomática.
Por lo dicho, es importante resaltar que el aumento de los incendios en la Amazonia en los últimos meses, sumada a la manera mínimamente controversial con que el gobierno brasileño viene reaccionado a la situación, endureció la percepción internacional sobre el trato de las cuestiones ambientales por Brasil[5]. Dichas cuestiones han estado recientemente bajo los focos de los actores internacionales, los cuales perciben un recrudecimiento del problema a partir de visiones, como aquellas actualmente defendidas por países como Brasil e EE.UU., que no tienen en consideración la urgencia de los problemas climáticos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el interés europeo en condicionar la ratificación del acuerdo Mercosur-UE al cumplimiento de compromisos internacionales relacionados al clima, como el Acuerdo de París[6], no incide en una preocupación genuina con el medio ambiente, sino que es parte de la tradicional estrategia europea de negociación internacional. Según afirmó el científico político Roberto Goulart, “las clausulas ambientales y laborales, que son de verdad temas de enorme relevancia social, son ocupadas por la Unión Europea y Estados Unidos en las negociaciones internacionales, para que exista la posibilidad de imponer barreras no-arancelarias y cotas a determinados productos de otros países dentro de sus mercados. En resumen, es el bueno y viejo proteccionismo” (traducción libre)[7].
Desde luego, se percibe que la pauta ambiental es puesta estratégicamente para viabilizar un proteccionismo que se disfraza de preocupación por el medio ambiente, lo que no deja de impactar positivamente en la cuestión, pero, a la vez, significa el mantenimiento de prácticas proteccionistas frente a una negociación que se pretende liberal. Además, el interés directo de Francia en problematizar las importaciones agrícolas de la Unión Europea, lo que preocupa directamente a Brasil, reside en el hecho de que este país presenta un fuerte sector agrícola, lo cual se podría perjudicar con la entrada de productos suramericanos en el mercado. Por lo puesto, se verifica que el contenido del acuerdo de libre-comercio es contradicho en la práctica proteccionista de algunos actores, cuyas prioridades caminan en un sentido opuesto al del discurso liberal que rige el texto en cuestión.
Por lo tanto, cuando se pesa en la balanza los puntos aquí mostrados, es posible notar que la entrada en vigor del acuerdo birregional aún tiene un largo camino a ser recorrido, lo cual, lejos de simplemente depender de factores comerciales, envuelve cuestiones más profundas de política y diplomacia. Las difíciles relaciones entre los individuos que actúan en la escena internacional, como el citado ejemplo de lo ocurrido entre Brasilia y París, pueden enfriar los ánimos y convertir la implementación del acuerdo en un proceso lento. Es más, hay que considerar la relatividad de las ganancias previstas para ambas regiones, marcadas por un profundo desequilibrio, dadas las diferentes características de los Estados involucrados en la cuestión. Dicho desequilibrio, marca del comercio internacional de carácter neoliberal, explicita las contradicciones extenuantes que se presentan en la relación entre sur y norte global. Así pues, según el entendimiento de que hay un centro económicamente rico y una periferia pobre, algo propuesto en las décadas de 1950 y 1960 por los teóricos de la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), es forjada una desigualdad estructural que tiende a concentrar y centralizar la producción social, en el sentido de una acumulación de capital que sale desde el sur hacia el norte global.
Texto originalmente publicado en portugués en el Canal Manifesto.
[1] https://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/11/politica/1433979885_736329.html
[2] https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/02/politica/1562070506_839990.html
[3] https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/10/alemanha-diz-que-proximos-18-meses-serao-cruciais-para-acordo-mercosul-ue.shtml
[4] https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/09/representante-da-ue-relata-temor-em-ratificar-acordo-com-mercosul-pos-amazonia.shtml
[5] https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/20/politica/1568998640_977541.html
[6] https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/10/franca-nao-assinara-acordo-do-mercosul-nas-atuais-condicoes-diz-ministra.shtml
[7] “as cláusulas ambientais e trabalhistas, que são de fato temas de enorme relevância social, são usadas pela União Europeia e pelos Estados Unidos nas negociações internacionais, para que haja possibilidades de impor barreiras não-tarifárias e cotas a determinados produtos de outros países dentro de seus mercados. Em resumo, é o bom e velho protecionismo” (https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2019/08/acordo-mercosul-ue-deve-baratear-produtos-mas-forcar-eficiencia-e-produtividade).