La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), surgida de los Acuerdos de La Habana entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), no deja de sufrir semana tras semana un sinfín de ataques por diversos flancos. Siendo uno de los instrumentos clave para poder implementar el nuevo escenario de posconflicto en el país sudamericano, no termina de entenderse el porqué de tanto obstáculo en su camino y accionar. Igualmente, su principal competencia es la de ser el órgano judicial encargado de investigar, judicializar y condenar (cuando sea necesario) todos los aspectos relacionados con el largo conflicto armado que esta guerrilla y el Gobierno han mantenido durante más de cincuenta años. Pero no solo investigará los crímenes cometidos por las FARC; también se introducirá en ciertos aspectos del conflicto hasta ahora poco investigados como, por ejemplo, los casos de “falsos positivos” (ejecuciones extrajudiciales de personas para hacerlas pasar por guerrilleros). Y ahí es donde empiezan los problemas para la JEP.
Compuesta por un total de 51 magistrados (de los cuales 38 son titulares) y dividida en un total de cinco órganos (entre los que destaca la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, por ejemplo), la JEP tiene como misión principal descubrir la verdad en torno a los crímenes cometidos a lo largo de los años en los que el conflicto colombiano ha ido desarrollando su sangrienta historia. No obstante, como hemos dicho anteriormente, esto supone que un cierto número de miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia y la Policía tendrán que pasar por este tribunal para prestar declaración. Este hecho lanza un potente mensaje con el que ciertos sectores de la política colombiana no terminan de estar muy a gusto: lo que se vivió en Colombia durante más de cincuenta años no fue el accionar de un grupo narcoterrorista que buscaba la destrucción del Estado colombiano, si no que fue algo más, algo de mayor envergadura. No obstante, esta afirmación es un torpedo en la línea de flotación de las ideas y consignas lanzadas por ciertos políticos y generadores de opinión colombianos que son lo que son gracias a atizar las ascuas de la unidireccionalidad del conflicto.
Como se defendió al inicio de este texto, la JEP ha sufrido duros ataques e importantes cuestionamientos desde el minuto uno de su nacimiento. Al tan manido y repetido argumento de que será un tribunal para amnistiar todos los delitos cometidos por los guerrilleros y que solamente perseguirá aquellos cometidos por las Fuerzas Armadas y Policía (idea que, en mi opinión, tuvo un importante impacto en la decisión del voto en el plebiscito de octubre de 2016 sobre los Acuerdos de Paz), el primer gran obstáculo que tuvo que sortear fue el de la petición de extradición por parte de los Estados Unidos de Jesús Santrich por delitos de narcotráfico. Santrich es uno de los principales líderes de las FARC que, en consonancia con los Acuerdos de Paz, debería ser juzgado por la JEP. Igualmente, al ser uno de los senadores fijos que el partido FARC tiene asignados, el caso se complica aún más. Este primer obstáculo, a día de hoy, todavía no ha sido salvado por esta Jurisdicción Especial debido a las trabas y problemas que tanto la justicia ordinaria como el Gobierno de Iván Duque ponen para evitar la extradición al menos hasta que la JEP juzgue a esta importante figura de las FARC.
La aprobación de las normas de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido, sin duda alguna, el obstáculo más grande con el que ha lidiado este mecanismo de justicia transicional. Mientras Congreso, Senado y Corte Constitucional ya han dado el visto bueno a una hoja de trabajo revisada, vuelta a revisar y fuertemente modificada, el Presidente de la República, Iván Duque ha decidido no sancionarla y rechazar seis de los artículos de la misma, enfrascando al país en una crisis de calado incierto ya que el Poder Ejecutivo se acaba de enfrentar abiertamente al Legislativo y Judicial (poniendo a estos últimos en entredicho) y ha sentado el precedente de desconocer al resto de poderes del Estado cuando el Presidente lo estime conveniente. Este acto implica que, de nuevo, la ley estatutaria deberá pasar por Congreso, Senado y Corte Constitucional para que, de nuevo, Iván Duque tenga en sus manos darle salida o no. No se escapa a cualquier interesado en el tema que esta estrategia no responde a otro interés que el de eternizar el proceso, evitando así que la justicia transicional eche a andar de una vez por todas, poniendo en serio riesgo el mismo ser de los Acuerdos de Paz.
Como hemos podido ver, este actuar del presidente Iván Duque responde a la existencia de un problema en ciertos sectores de la política colombiana con respecto a la JEP, su puesta en marcha, su ámbito de actuación y un largo etcétera que se puede resumir en la siguiente pregunta: ¿qué problemas les causa la Jurisdicción Especial para la Paz?
En primer lugar, existe un problema de choque de relatos en torno a qué fue lo que ocurrió en Colombia de 1964 a 2016. Para el partido al que pertenece el Presidente Iván Duque, Centro Democrático (presidido por el ex Presidente Álvaro Uribe), la existencia de un conflicto armado en Colombia es una premisa falsa. Al no existir un conflicto si no una serie de actuaciones aisladas por parte de grupos subversivos narcoterroristas, no hay necesidad de sacar adelante una justicia transicional que pueda cerrar y sanar heridas mediante la justicia y no mediante más tiros, bombas y palos. Si este relato o discurso les ha servido para volver a alcanzar la Presidencia de la República, ¿qué necesidad hay de cambiarlo ahora que vuelven a controlar la Casa de Nariño?
En segundo lugar, se ha extendido mucho entre congresistas, senadores, jueces, fiscales, y la sociedad colombiana en general, la idea de que JEP es sinónimo de impunidad y final blando para una banda de asesinos. Con este argumento, se busca (como con el caso anterior) evitar revisar las raíces políticas y sociales que llevaron al mantenimiento de un conflicto armado durante más de cincuenta años. Este sentimiento que une a la JEP con la impunidad ya se viene desarrollando desde la campaña por el No en el Plebiscito de 2016, solo que esta vez se cambió “Los Acuerdos son impunidad” por “La JEP es impunidad”.
Por último (para no extender esto demasiado), la figura de Álvaro Uribe (expresidente por el Centro Democrático y líder del No en el Plebiscito) ve peligrar, y mucho, su imagen como salvador de la patria. Digo esto de forma tan descarnada porque la JEP puede ser ese instrumento que permita saber de una vez por todas el grado en el que el expresidente está involucrado en casos como la transformación de las CONVIVIR en los grupos paramilitares (con gran peso en el conflicto), la “parapolítica” (la infiltración del dinero y personal de los grupos paramilitares en el Congreso y el Senado) o los “falsos positivos”. Y este miedo se traduce en la cantidad de obstáculos que la JEP sufre desde la Casa de Nariño, controlada por el Centro Democrático, siendo el último el de más calado y peligroso de todos. Se podría calificar, sin miedo a sonar agorero, tremendista y apocalíptico, como el hecho que más en entredicho pone los Acuerdos de Paz de La Habana; es decir, se puede acusar a Iván Duque de haber dinamitado una parte clave para sanar el conflicto en Colombia.
En definitiva, a día de hoy, tras los últimos casos de supuestos sobornos a fiscales de la JEP para interceder por Santrich y la sospecha de que estos sean falsos para desprestigiar a la institución, y sumando la decisión del presidente de desconocer parte de la ley estatutaria que la regularía, no podemos hacer otra cosa que afirmar que la justicia, la reparación y la paz van a tardar en seguir avanzando en Colombia. No sabemos cuánto tiempo tardarán en reactivarse los mecanismos para modificar el reglamente, si esto se hará o se dará por perdida toda esperanza de que la JEP nazca. Sin embargo, las dos grandes preguntas que quedan en el aire son: ¿cómo se tomará el partido FARC este ataque a los Acuerdos de Paz?, ¿cómo afectará a la política colombiana que el presidente de la República haya decidido desoír a los otros poderes del Estado y haya actuado según su criterio único? No obstante, estas preguntas ya son material para otro artículo.