Mauro Cipolletti (*)
Comenzando el tercer año de gobierno del presidente Javier Milei, su armado político en el Congreso de la Nación avanza decidido impulsando potentes reformas sociales y políticas que pretenden sentar las bases para una modificación profunda de la estructura productiva y social de la Argentina. En buena medida impulsado por el triunfo conseguido con el inédito apoyo de la administración trumpista en las elecciones de medio término, las fuerzas libertarias aprobaron en febrero de este año la reforma laboral que impulsa un cambio sustancial en perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores argentinos y ahora, avanzan con la modificación de la ley de glaciares que se presenta como clave para el avance del proyecto libertario.
Lejos de ser un hecho aislado, la modificación que el gobierno consiguió es parte integral de un proyecto político y económico cuya condición de éxito es la atracción de grandes inversiones extranjeras directas de empresas multinacionales para compensar el desmantelamiento de la industria nacional provocado por la apertura indiscriminada de importaciones y el brutal ajuste que la administración lleva adelante. La llegada de grandes capitales extranjeros es, para el gobierno, fundamental para generar divisas, puestos de trabajo y recomponer ingresos en una ecuación donde los glaciares y periglaciares se presentan como moneda de cambio para el éxito del plan económico oficial.
La ley que se modificó es la 26.639 sancionada en 2010 que establece un presupuesto mínimo dedicado a la protección y conservación de glaciares y periglaciares en todo el territorio nacional. Además, define al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), un organismo que integra el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas), como el responsable de realizar un Inventario Nacional de Glaciares que debe actualizarse cada cinco años con el objetivo de definir cuáles cuerpos de agua son protegidos por esta ley y monitorear su evolución. Adicionalmente, la ley incluye la prohibición expresa de realizar actividades de explotación minera e hidrocarburífera en las zonas protegidas.
Son estos aspectos fundamentales de la ley (de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución Nacional) que el Gobierno Nacional, apalancado por los votos en el congreso que le proveen algunos Gobernadores aliados, logró finalmente aprobar en la cámara de diputados. La propuesta, que daña significativamente este mecanismo de protección nacional, revoca la potestad del CONICET para definir cuales son los glaciares y periglaciares protegidos por la ley y habilita a las autoridades provinciales a definir cuales son los recursos hídricos que consideran estratégicos en sus territorios. Esta reforma, en suma, aumenta la discrecionalidad de los poderes ejecutivos provinciales, a menudo tan ansiosos por atraer inversiones extranjeras como el propio gobierno nacional, para dejar efectivamente sin protección a territorios que dependen de los recursos hídricos protegidos por la ley original, habilitando de facto la explotación minera e hidrocarburífera en regiones con ecosistemas frágiles y en comunidades que dependen del agua de esos glaciares para sostener la vida.
La iniciativa del Gobierno Nacional debe ser interpretada como un capítulo más en la carrera del gobierno por edificar un andamiaje legal y político que favorezca a las grandes multinacionales interesadas en explotar los recursos naturales del país. En este sentido, la iniciativa puede entenderse como un complemento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado en junio del 2024, verdadera piedra angular del proyecto libertario, que establece un régimen fiscal extremadamente favorable para las empresas extranjeras por los próximos 30 años.
El proyecto de Milei y el neo-extractivismo
Pero para entender el impulso que el Gobierno Nacional intenta dar a las actividades extractivas a costa de los recursos naturales deben tenerse en cuenta también las dinámicas más amplias y estructurales de la economía y la política internacional. Las importantes concesiones que las multinacionales extractivas obtienen del gobierno de Javier Milei se encuentran en un contexto internacional altamente volátil marcado por la presión a sistemas energéticos en todo el mundo (las incursiones de Estados Unidos sobre Irán y Venezuela son solo los episodios más recientes de esta larga tendencia).
En este sentido, los esfuerzos del oficialismo se enmarcan en un modelo productivo que se ha difundido por la mayoría de los países de la región en los últimos años y que los intelectuales y activistas latinoamericanos han denominado “Neo-extractivismo”, esto es, siguiendo a Maristella Svampa, un modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de bienes naturales y la expansión de fronteras extractivas a territorios antes considerados improductivos. En el caso que estamos analizando, los glaciares y periglaciares de alta montaña se ponen en riesgo para ampliar la extracción de minerales e hidrocarburos que serán exportados como materia prima con nulo valor agregado. Para muchos académicos latinoamericanos, lo novedoso de este modelo es la activa participación del Estado en la captación de renta extraordinaria. Los gobiernos provinciales, de distintos signos políticos, son aliados del gobierno nacional en este proceso manifestando un “consenso de las commodities”. En otras palabras, la idea compartida por las fuerzas políticas dominantes de que la explotación de los recursos naturales para su exportación es la única alternativa viable de “desarrollo” (Svampa, 2019).
Más recientemente, la expansión de la frontera extractiva para la explotación de minerales considerados estratégicos ha encontrado justificación como la necesidad de insumos para la transición energética. La presión de los Estados del norte global para encontrar alternativas a la explotación de petróleo y gas natural se traduce en la depredación de los recursos naturales del Sur. En el caso de Argentina, la extracción de litio en el noroeste del país es un caso paradigmático de este proceso. El litio se considera clave en el proceso de des-fosilización por ser el componente principal de las baterías utilizadas para almacenar energía “limpia” y para la fabricación de automóviles eléctricos. Sin embargo, la extracción de este mineral requiere una gran cantidad de agua en zonas donde no abunda, como salares y regiones de alta montaña. Por lo que el crecimiento de la demanda global y la explotación de esta commodity generó una enorme presión sobre las comunidades que históricamente ocupan estos territorios y que dependen de esas reservas de agua para la reproducción de sus modos de vida. Los glaciares y periglaciares son claves en este contexto porque alimentan los recursos hídricos que hoy se disputan las grandes multinacionales y las comunidades de la región y porque sustentan la biodiversidad del lugar.
En defensa del agua
La avanzada del gobierno nacional en alianza con los gobiernos provinciales con acceso a recursos mineros sobre la protección jurídica a los glaciares y periglaciares no pasó desapercibida. La presión de activistas y organizaciones sociales obligó al poder legislativo a convocar a una Asamblea Pública donde más de cien mil personas se inscribieron para participar y oponerse a la modificación. Ante la emergencia de esta inusitada participación social, el gobierno se vio obligado a dar marcha atrás con la consulta, reduciendo el derecho de participación a 200 personas para realizar el proceso de forma expedita y comprometiendo seriamente la representatividad de todo el proceso. A esta creativa forma de participación se le sumaron movilizaciones en todo el país, especialmente en los poblados que dependen de ríos amenazados con quedar secos por la expansión de la actividad minera.
La expansión de las actividades extractivas ha generado ya enormes disrupciones en el tejido social de decenas de territorios en todo el país. Muchas de las poblaciones se organizan en defensa del agua y de sus modos de vida ante la fuerza de las empresas multinacionales en alianza con el Estado en busca de aprovechar los recursos naturales. Los representantes del Estado buscan relajar controles y otorgar beneficios a multinacionales con el objetivo de atraer inversiones mientras ignoran los reclamos y los derechos de los ciudadanos. Territorios y comunidades enteras se transforman así en zonas de sacrificio para que los Estados del norte global alcancen la tan mentada transición verde.
(*) Estudiante en prácticas del IELAT.