Agustín Fontenla y Joaquín Waldman (*)
El eje discursivo del nuevo Gobierno argentino está puesto en la economía. El flamante Ministro Luis Caputo no tomó el camino de la dolarización, como podía pensarse previamente, sino que anunció un plan de estabilización tradicional de corte ortodoxo. Este está basado en un fuerte ajuste fiscal (de 5,2% del PBI), que llevará a la eliminación del déficit financiero del Estado nacional.
Para ello, se aumentarán algunos ingresos del fisco, como impuestos a las importaciones y a las exportaciones no agropecuarias. También, se implementará un recorte del gasto público, reduciendo las partidas de subsidios económicos, obra pública, transferencias a Provincias, gastos de funcionamiento, jubilaciones y planes sociales.
Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) también está implementando un giro en sus políticas, que incluye una fuerte devaluación (el tipo de cambio oficial pasó de $367 a $800, lo que representa un salto de 118% en un día) y una liberación de las importaciones. Este programa no incluye la apertura de las restricciones cambiarias, que se mantendrán hasta resolver los problemas fiscales y externos y reducir los desbalances monetarios, según precisó un comunicado de la autoridad monetaria.
Las medidas anunciadas acelerarán la inflación, por el brusco aumento del tipo de cambio y los precios regulados (transporte, tarifas de energía, naftas y salud privada, entre otros). Esto disminuirá el tamaño de los pasivos del BCRA, licuará los gastos del Tesoro y golpeará los ingresos de la población. De esta manera, podemos esperar para los próximos meses:
1) Variaciones mensuales de precios de 2 dígitos, pudiendo rozar valores hiperinflacionarios (típicamente, se define así a los aumentos mayores al 50%). Los salarios quedarán rezagados, afectando al consumo privado. El consumo público y la inversión del Estado no mostrarán mejores desempeños, haciendo que la actividad económica sufra.
2) Un aumento de la desigualdad y un deterioro de los indicadores sociales. La inflación afecta de sobremanera a los más pobres y las “salvaguardas sociales” anunciadas son mínimas.
3) Nuevos anuncios en los meses venideros. Lo anunciado hasta aquí tiene un caracter transitorio, lo que deja la puerta abierta a un segundo combo de medidas más permanentes. Esta segunda instancia podría incluir desregulaciones, una apertura del “cepo” cambiario y modificaciones de los esquemas impositivo, cambiario y previsional.
Posible efectos sociales del programa
Las medidas anunciadas por el presidente entrante pondrán a prueba la resistencia de la sociedad argentina. No hará falta esperar mucho tiempo para ver el impacto de los anuncios en el poder adquisitivo de los ciudadanos. El propio Milei estimó el viernes pasado que la inflación avanza a un ritmo del 1% diario.
Los medios de comunicación han reflejado que, tras las primeras medidas, el ánimo de la ciudadanía es de cierta comprensión: el ajuste debía realizarse de cualquier manera. No obstante, habrá que ver si eso se sostiene en las semanas siguientes con el salto de los precios en las góndolas de los supermercados, y con la actualización de tarifas, que, se estima, comenzará a regir a partir del primer bimestre del año próximo.
Las centrales obreras, por su parte, ya han manifestado su oposición al nuevo programa económico. La Confederación General de Trabajadores, que nuclea a la mayor cantidad de sindicatos nacionales, ha dicho que “el ajuste” lo pagará el pueblo y “no la casta”, como había prometido Milei. Además, aseguró que si los salarios y las pensiones no se actualizan no se “quedarán de brazos cruzados”.
Previendo un marco de conflictividad social, producto de las medidas económicas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció un protocolo de actuación anti-protestas. La funcionaria -excandidata presidencial por la coalición Juntos por el Cambio-, buscó ser terminante respecto a la posibilidad de que las manifestaciones afecten el tránsito vehicular: “Las calles no se toman. Si se toma la calle, habrá consecuencias”.
La decisión del gobierno libertario recuerda a la popularmente conocida “Ley Mordaza” que el ejecutivo de Mariano Rajoy, del Partido Popular, promulgó en el 2014, dos años después de que comenzara a aplicar un plan de austeridad que provocó numerosas manifestaciones sociales.
Aunque el presidente Milei se impuso en el balotaje con cierta distancia, lo que aumenta su autoridad, será importante que, en un marco de conflictividad social, garantice ciertas cotas de gobernabilidad para el desarrollo de su gestión. Para ello, deberá ensayar acuerdos con su principal aliado, Juntos por el Cambio, pero también con el partido opositor, Unión por la Patria, en el que confluyen diversos dirigentes del Peronismo.
(*) Investigadores en formación del IELAT