Investigador en formación del programa de Doctorado en América Latina y la Unión Europea en el Contexto Internacional, Instituto Universitario de Investigación en América Latina (IELAT), Universidad de Alcalá.
América Latina, desde 2019 y con una pausa producto de pandemia por Covid-19, se ha visto envuelta en una serie de protestas y estallidos que arrastran a los países hacia una anomia social que ha complejizado y puesto en cuestión, la cohesión y fortaleza del tejido social existente. Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú han estado en la opinión pública por las consecuencias de las medidas adoptadas por sus respectivos gobiernos para hacer frente a las demandas de su ciudadanía. Pero ¿cuáles son los grandes retos y desafíos en el siglo XXI para los países latinoamericanos que generan tanta inquietud y desorden?
Si bien la región resulta heterogénea, los países que la componen comparten similitudes y problemáticas estructurales que nos permitirían explicar este fenómeno. La baja confianza en los gobiernos, la desigualdad en términos de acceso al poder, la disparidad en cuanto a oportunidades y la mala distribución del ingreso, son solo algunos de los males que explican estas crisis y episodios. Todas ellas, evidencian que tras la época de bonanza que vivieron los países del continente, gracias el boom de las exportaciones de materias primas y la inversión privada, en las que se redujo la pobreza y se mejoraron los indicadores económicos, fueron unas minorías las que concentraron la riqueza mientras la gran mayoría se tuvo que conforman con un trozo pequeño de la torta. Fue por ello por lo que no se generaron las estructuras necesarias que permitieran avanzar hacia una verdadera equidad y progreso, generando un problema que persiste como un sello escrito con tinta indeleble en América Latina. Por esta razón, ante la falta de mecanismos que favorecieran el cambio real y estructural de la sociedad, la zona está padeciendo las consecuencias de las expectativas no cumplidas.
Es así como la desigualdad, se ha elevado como el asunto que más preocupa a las clases políticas de los países, que han tenido que reconocer que si bien, en el pasado se construyó un estilo de vida para muchos, ciertamente no estaba disponible para todos. En este contexto, el Covid, con sus negativos efectos en el crecimiento y empleo, en una región marcada por la informalidad y precariedad en el trabajo, ha evidenciado y profundizado aún más el problema. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pandemia generó en 2021 un aumento de las personas en situación de pobreza extrema, incrementándose en cerca de cinco millones.
Gráfico: Tasas de pobreza y pobreza extrema en América Latina (18 países)
Fuente: Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos del Banco de Datos de Encuestas de Hogares. Informe: Panorama Social de América Latina 2021, p. 68.
Paradójicamente, en este mismo periodo de tiempo, el informe evidencia que en la región existen 104 milmillonarios, con un patrimonio total de 446.600 millones de dólares. Este, representa el 11 % del PIB proyectado por CEPAL para los siete países en los que viven estas personas, implicando un incremento positivo de un 41 % entre 2020 y 2021.
Cuadro: Evolución del patrimonio de los milmillonarios 2019,2020 y 2021 (en millones de dólares)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Forbes: https://www.forbes.com/billionaires/. Informe: Panorama Social de América Latina 2021, p. 65.
Como vemos, hay una brecha importante entre la pobreza y la riqueza creciente. Si bien Chile es un país donde existe una desigualdad latente y asfixiante para algunas familias, Uruguay con su sistema de tenencia de la tierra más igualitario y un Estado de bienestar más universalista y fuerte, en términos generales, ningún país de la región está exento de este problema.
Dentro de las causas que explicarían esta realidad, encontramos la alta concentración de la propiedad de la tierra, el aumento de la informalidad en el trabajo, la precariedad en las condiciones laborales para los jóvenes, la pérdida progresiva de mano de obra industrial y cualificada por falta de oportunidades y, por último, el mismo sistema tributario. De este modo, el panorama se complejiza y extiende el abanico de causas que explican el fenómeno y que anteriormente, solo culpaban al modelo económico de explotación y exportación de recursos naturales.
La desigualdad es palpable y una triste realidad para las familias de más bajos ingresos, que viven en barrios marginales y no tienen acceso a los servicios más básicos que requiere el ser humano para su subsistencia. Pero también, es un problema para aquellos que son identificados como parte del sector medio de la sociedad. Estos últimos, viven endeudados por el consumo diario, la educación de sus hijos y que, pese a ser quienes generan parte importante de la riqueza con su trabajo y esfuerzo, siguen teniendo ingresos, salud y pensiones muy inferiores a la de aquellos que concentran la riqueza.
En Chile, por ejemplo, el país con el ajuste neoliberal más eficiente de la zona, la privatización de los servicios sociales y el aumento en el costo de la vida no solo creó descontento en 2019, sino la desesperación de los sectores más desvalidos de la sociedad y de aquellos que forman parte de la llamada clase media. Este sentimiento, es compartido en otros países del continente, invitando a la población a salir a las calles e interpelar a sus dirigentes, en busca de mejores condiciones de vida y una mayor redistribución del ingreso.
Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: ¿se puede terminar con la desigualdad? El desafío es mayor y la respuesta compleja. No existe una fórmula inmediata o una respuesta unívoca que permita superar el problema, pero sí está claro que para ello no solo se debe fomentar el crecimiento económico, sino también, se deben promulgar políticas redistributivas y fiscales mucho más activas. Así, los países latinoamericanos podrán mejorar la productividad laboral y fortalecer el mercado interno, permitiendo la redistribución de la riqueza en términos mucho más equitativos.
Igualmente, se debe mejorar el salario mínimo, reducir la informalidad como maquinaria reproductora de desigualdades y finalmente, realizar un ajuste tributario que permita a los Estados invertir en políticas sociales y de este modo, nivelar las oportunidades para todos. En resumen, para que se pueda promover el desarrollo y la igualdad en los países de la región, no solo debemos enfocarnos en el análisis per se de la pobreza, sino también entender cómo actúa el capital, cuáles son los mecanismos de reproducción del mercado y cómo crece y se genera la riqueza en las familias -unidades funcionales de la sociedad-. Si logramos comprender en su conjunto todas estas variables, podremos abordar y dilucidar las dinámicas intrínsecas del fenómeno de la desigualdad, primer paso para encontrar las respuestas adecuadas y que nos permitan disminuir las desigualdades en nuestros países.