Héctor Rodríguez Pajares (*)
El 3 de octubre de 2024 se produjo un nuevo derrame de petróleo de grandes proporciones en el área del Lote 192, a la altura del kilómetro doce del Oleoducto Norperuano ubicado en la cuenca del Río Pastaza, en la selva norte del departamento de Loreto, frontera con Ecuador. Este último incidente se une a las decenas de derrames petroleros que se han acumulado a lo largo de las últimas décadas en diferentes zonas de influencia del proyecto petrolero del Lote 192, el más antiguo de la selva peruana. Con ello se agravan las condiciones de vulnerabilidad en las que sobreviven miles de personas pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades locales de la Amazonía peruana.
El Lote 192: el proyecto petrolero más antiguo de la Amazonía peruana
El Lote 192 es el yacimiento de producción petrolera más antiguo de la Amazonía peruana. Tiene una extensión de 512.347 hectáreas y su ubicación geográfica abarca los distritos de Andoas, Tigre y Trompeteros, todos ellos ubicados en la selva norte de Perú.
Mapa del Lote 192
Fuente: PERUPETRO SA.
El área del proyecto se superpone a territorios que han sido habitados de manera ancestral por una diversidad de pueblos indígenas amazónicos de diferentes etnias y familias lingüísticas: los pueblos quechua de la cuenca del Río Pastaza; los kichwa del Río Tigre; los achuar del río Corrientes y los urarinas y kukama-kukamiria próximos a la desembocadura del Alto Río Marañón. Estos pueblos indígenas han atravesado sucesivos procesos de dominación, persecución y trabajos forzosos. Así sucedió en el período explotación intensiva del caucho a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, como también en la actualidad, con la explotación de varios recursos naturales (madera, petróleo, gas y minerales).
A fines de la década de 1960 se inició el fomento intensivo de la industria petrolera en la región norte de la selva peruana, concretamente en el eje de los ríos Marañón-Amazonas. En 1971 el Estado promulgó una ley que promovía la exploración y explotación de hidrocarburos en la región amazónica de la mano de la empresa operadora Petroperú SA y en 1972 se inició la construcción del Oleoducto Norperuano (ONP), una infraestructura a gran escala de 854 km (y de su ala complementaria de 252 kilómetros llamada Oleoducto Ramal Norte). Se trata de un oleoducto que permite transportar la producción de petróleo desde los yacimientos de la selva en Loreto hasta los puertos de la costa norte peruana en Piura. A partir de entonces, el Lote 192 se transformó en el proyecto insignia de la industria petrolera. Experimentó un auge sin precedentes y se convirtió en una de las actividades extractivas más lucrativas y con mayor promoción por parte del Estado hasta la segunda década del nuevo milenio.
En ese marco, inicialmente la empresa estadounidense Occidental Petroleum Company operó los pozos del Lote 192 desde 1971 hasta 1999. En 2000, la compañía transnacional Pluspetrol Norte SA compró el derecho de licencia para la exploración y explotación de los hidrocarburos del Lote 192 y operó sus yacimientos dejando millones de dólares en ganancias al Estado, pero también una huella de graves pasivos ambientales como consecuencia de la contaminación de quebradas, ríos y bosques. Todo ello producto de los derrames de petróleo y filtraciones de aguas de producción.
Se estima que desde 1971 se perforaron más de 300 pozos y se habilitaron más de cuatrocientos kilómetros de carretera para el desarrollo de operaciones en toda el área del Lote 192[1], llegando en su apogeo a representar el 42,7% de la producción total de petróleo del país. Asimismo, la empresa estatal Perupetro SA, creada en 1993 con el objetivo de promocionar la inversión en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y de negociar y suscribir contratos petroleros con empresas privadas a través de licitaciones públicas, ha indicado que desde el año 2001 hasta el 2015, el Lote 192 ha generado unas ganancias en regalías de 1.964 millones de dólares.
En 2015 Perupetro SA suscribió un contrato temporal de servicios para la explotación del Lote 192 con la empresa Frontera Energy SAC y se mantuvo como operador del proyecto durante cinco años, período en el cual los derrames petroleros no se detuvieron. Desde 2020 el proyecto lleva paralizado totalmente a causa de los conflictos sociales por la contaminación ambiental. Sin embargo, en 2023 se emitió un decreto cediendo la administración temporal a la empresa Petroperú.
Cincuenta años de contaminación ambiental y violación de derechos humanos de pueblos indígenas en el Lote 192
La evolución y el desarrollo de actividades de extracción y explotación de hidrocarburos en la Amazonía está vinculada con graves impactos ambientales y sociales ocasionados por los numerosos derrames de petróleo que se han producido en el último medio siglo en aquellos territorios conformado por ríos, quebradas, bosques y humedales amazónicos de la selva norte del país donde habitan pueblos indígenas y otras poblaciones locales.
De acuerdo con una investigación pormenorizada en la que se sistematizaron datos incluidos entre los años 2000 y 2019 por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), autoridad nacional peruana en materia de supervisión y fiscalización ambiental, y del Organismo Supervisor de Inversiones en materia de Energía y Minería (OSINERGMIN), se ha determinado que hasta fines de 2020 se han producido 474 derrames de petróleo en los lotes petroleros de la Amazonía peruana[2]. En el caso del Lote 192, la citada investigación señala que entre 2000 y 2019 se produjeron 155 derrames de petróleo en el área del Lote 192, es decir casi la tercera parte del total. Otras fuentes especializadas indican que el OEFA registró más de 90 derrames de petróleo entre 2015 y 2020[3] y que la cifra asciende a 187 derrames si contamos el período comprendido entre 2011 y 2022[4].
Gráfico: Evolución de derrames de hidrocarburos (2011-2022)
Fuente: Informes de OEFA
Elaborado por: Portal Convoca.
Entre 2017 y 2018 un equipo de especialistas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desarrolló, con el apoyo del Ministerio de Energía y Minas, un Estudio Técnico Independiente[5] que incluyó visitas de campo en el área del Lote 192 para registrar y recopilar información sobre la contaminación ambiental y los derrames de petróleo ocurridos en las últimas décadas. A partir de este estudio, se elaboró un informe a través del cual se identificaron hasta 90 zonas contaminadas en las cuencas de los ríos Corrientes, Tigre y Pastaza, con altas concentraciones de metales pesados en suelos, sedimentos de ríos, aire y en seres humanos. Los valores de todos ellos están por encima de los límites de calidad ambiental permisibles. Además, se concluyó que las medidas y tratamientos de remediación ambiental realizadas por Pluspetrol SA resultaron deficientes y hasta contraproducentes en la mayoría de los casos, ya que incorporaron y mezclaron el material contaminado con suelos limpios, cultivos y bacterias.
El OEFA ha acreditado la generación de daños reales y potenciales al medio ambiente por la contaminación de los ríos, suelos, flora y fauna del ecosistema. Esta situación, a su vez, ha provocado catastróficas consecuencias para la vida, medio ambiente, salud y otros derechos de las comunidades indígenas y otras poblaciones mestizas que habitan la zona.
Es relevante mencionar que entre 2015 y 2016 se diseñó y realizó un estudio epidemiológico-toxicológico en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón pertenecientes al área del Lote 192, que fue financiado por el Ministerio de Salud y ejecutado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS). Este informe consideró un total de 125 comunidades, que representaban a una población de 38.964 personas. De acuerdo a los resultados, alrededor del 30% de la población examinada presentaba niveles de arsénico y mercurio por encima de los límites máximos permisibles[6] que podrían considerarse dañinos para la salud. Mientras que 10% de estas personas presentaban niveles de cadmio, bario y plomo superiores a los límites[7].
La Defensoría del Pueblo de Perú[8] indicó que el objetivo de dicho estudio fue determinar los factores de riesgo de exposición a plomo, cadmio, arsénico, mercurio, bario y a hidrocarburos aromáticos policíclicos en los habitantes de las comunidades indígenas y, a la vez, obtener un diagnóstico sobre el nivel de exposición a metales pesados e hidrocarburos de la población. En ese sentido, si bien no se puede concluir que la presencia de altos niveles de metales pesados en el organismo de las personas de comunidades del Lote 192 implique necesariamente la aparición de enfermedades, existe evidencias para afirmar que este tipo de exposición aumenta el riesgo de contraerlas y que parte de la población evaluada presentó síntomas de intoxicación con potencial riesgo de desarrollar agentes cancerígenos.
En conclusión, estos informes oficiales han confirmado la contaminación de suelos, cuerpos de agua y aguas subterráneas a causa de los derrames petroleros y del vertido de aguas de producción como resultado de la extracción de petróleo. Además, se han contaminado ríos y campos de cultivo. Unas zonas que son fuente de alimento para la mayor parte de las comunidades locales en el área del Lote 192.
El ciclo perpetuo: un nuevo derrame en el Lote 192
El último derrame ocurrido a inicios de octubre del presente año, marca la continuidad de un ciclo de contaminación ambiental y afectación de derechos fundamentales de los pueblos indígenas que habitan en esa zona.
Según lo informado por medios especializados[9], la empresa Petroperú, actual administradora y operadora temporal del Lote 192, confirmó que el referido derrame implicó un vertido equivalente a más de 6.000 litros de crudo de petróleo durante más 10 horas, afectando un área estimada de 3.000 m2. Petroperú indicó que el derrame se habría originado a causa de un accidente en medio de la ejecución de actividades de mantenimiento y tratamiento químico en tuberías del Oleoducto Ramal Norte.
No obstante, unos días después el OEFA desmintió lo informado por la empresa. A través de una nota de prensa[10], emitida en respuesta a un pedido de información solicitado por cuatro organizaciones indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, se precisó que el daño ambiental ocasionado por el derrame se había extendido 75 kilómetros río abajo, cubriendo un área total de 18.750 m2, lo cual difiere de la información proporcionada por Petroperú[11].
Posteriormente, estas organizaciones denunciaron que, conforme a la información proporcionada por el OEFA, la empresa Petroperú comenzó a realizar las actividades de limpieza de las zonas afectadas por la contaminación y el manejo de residuos peligrosos tanto en cuerpos de agua como en tierra a partir del 15 de octubre, es decir, doce días después de los vertidos. A fecha de hoy, las actividades del Lote 192 siguen paralizadas, mientras las organizaciones y comunidades indígenas exigen que se realice un nuevo proceso de consulta previa, libre e informada, sin que hayan recibido una respuesta concreta por parte de las autoridades de Perupetro y del Ministerio de Energía y Minas.
El Estado todavía no ha sido capaz de realizar un mapeo e identificación de los pasivos ambientales y zonas contaminadas para la elaboración y ejecución de un plan integral de remediación ambiental que pueda contribuir a retomar el diálogo con las organizaciones indígenas. En ese sentido, el conflicto social en el Lote 192 sigue activo y lejos de llegar a una resolución sostenible.
Frente a esta situación, destacamos un par de medidas que podrían adoptarse con la finalidad de reducir la creciente tensión social entre las comunidades indígenas y generar acuerdos sostenibles en el tiempo con su población. La primera propuesta, a corto plazo, implica la conformación de una comisión de alto nivel conformada por diversos ministerios (Energía y Minas, Salud, Ambiente, Producción, Vivienda), la empresa Perupetro, con participación de instituciones de sociedad civil y ONG, que desarrolle un proceso de consulta previa con las organizaciones indígenas que permitan canalizar sus demandas y generar acuerdos oficiales que puedan ser aprobados y ejecutados en un plazo de un año. La segunda propuesta, a mediano plazo, está referida a la aprobación de un decreto o ley que declare en emergencia la situación de infraestructura en el Oleoducto Norperuano y se convoque a una licitación internacional para su reparación o reconstrucción integral a fin de evitar la generación de nuevos derrames.
(*) Egresado del Máster Universitario en Protección Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá.
[1] CAMPANARIO, Y. y DOYLE, C., El daño no se olvida. Impactos socioambientales en territorios de pueblos indígenas de la Amazonía norperuana afectadas por las operaciones de la empresa Pluspetrol, Equidad, Lima, 2017, p32.
[2] LEÓN, A. y ZÚÑIGA, M., La sombra del petróleo. Informe de los derrames petroleros en la Amazonía peruana entre el 2000 y el 2019, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, OXFAM y Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Lima, 2020, p. 116.
[3] OJO PÚBLICO, “Petroperú operará Lote 192 sin que se haya remediado sitios contaminados”, 12 de marzo de 2023. Ver: https://ojo-publico.com/ambiente/territorio-amazonas/petroperu-operara-lote-192-sin-que-se-haya-remediado-sitios-contaminados
[4] CONVOCA, “Se registraron 131 derrames de hidrocarburos en 2022, la cifra más alta en 12 años”, 24 de marzo de 2023. Ver: https://convoca.pe/agenda-propia/se-registraron-131-derrames-de-hidrocarburos-en-2022-la-cifra-mas-alta-en-12-anos
[5] PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, “Estudio Técnico Independiente del ex Lote 1AB. Lineamientos estratégicos para la remediación de los impactos de las operaciones petroleras en el ex Lote 1AB en Loreto”, 2018. Ver: https://www.undp.org/es/peru/publicaciones/eti-del-ex-lote-1ab
[6] Según el Ministerio del Ambiente del Perú, el límite máximo permisible es la medida de concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos o biológicos, que caracterizan a un efluente o emisión que, al ser excedida, causa o puede causar daños a la salud. Ver: https://infoaireperu.minam.gob.pe/limite-maximo-permisible-lmp/
[7] Ibidem, p. 14.
[8] DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE PERÚ, “Salud de los Pueblos indígenas amazónicos y explotación petrolera en los Lotes 8 y 192: ¿Se cumplen los acuerdos en Perú?”, Informe N°001-2018-AMASPPI/PPI. Ver: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/Informe-de-Adjunt%C3%ADa-N%C2%BA-001-2018-DP-AMASPPI-PI.pdf
[9] PORTAL CONVOCA, “Más de 6 mil litros de petróleo contaminan el río Pastaza tras diez horas de derrame del Oleoducto Norperuano”, 2024. Ver: https://convoca.pe/agenda-propia/mas-de-6-mil-litros-de-petroleo-contaminan-el-rio-pastaza-tras-diez-horas-de-derrame
[10] ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, “Derrame de petróleo en río Pastaza está controlado y el OEFA mantiene supervisión en la zona”, 2024. Ver: https://www.gob.pe/institucion/oefa/noticias/1035044-derrame-de-petroleo-en-rio-pastaza-esta-controlado-y-el-oefa-mantiene-supervision-en-la-zona
[11] PUEBLOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS UNIDOS EN DEFENSA DE SUS TERRITORIOS – PUINAMUDT. “OEFA: Derrame de petróleo en el río Pastaza se extendió por 75 km y no fue debidamente atendido por Petroperú”, 28 de octubre de 2024. Ver: https://observatoriopetrolero.org/oefa-derrame-de-petroleo-en-el-rio-pastaza-se-extendio-por-75-km-y-no-fue-debidamente-atendido-por-petroperu/